TRENTON – El Fiscal General Matthew J. Platkin anunció hoy que 16 Fiscales Generales han formado una coalición multiestatal para exigir a los miembros irresponsables de la industria de armas de fuego que rindan cuentas por su impacto devastador en la violencia armada.
Esta coalición multiestatal, la primera de su tipo, tiene como objetivo reducir la violencia armada a través de la aplicación coordinada de las respectivas leyes de responsabilidad civil y protección al consumidor de los estados, entre otras autoridades, promoviendo así la seguridad pública y salvando vidas.
“Junto con mis colegas fiscales generales, lucharé para proteger a los residentes de nuestro estado del desprecio gratuito por la vida humana causado por malos actores en la industria de las armas de fuego, que contribuyen al aumento de la violencia con armas de fuego”, dijo el fiscal general Platkin . “No se trata de restringir la posesión legal de armas. Se trata de proteger a nuestras comunidades de prácticas comerciales irresponsables que contribuyen a la proliferación insegura de armas, el tipo que conduce a tiroteos masivos en nuestras iglesias, sinagogas, escuelas, centros comerciales, conciertos y supermercados”.
“Estas demandas forman parte de nuestro esfuerzo general por tratar la violencia con armas de fuego como la crisis de salud pública que es, que ha dado como resultado el nivel más bajo de violencia con armas de fuego jamás registrado en Nueva Jersey. Como fiscales generales, esto es lo que hacemos: responsabilizamos a los malos actores cuando violan nuestras leyes de maneras que hacen que nuestros residentes estén menos seguros. La industria de las armas de fuego no es una excepción, punto”.
“La violencia con armas de fuego es una crisis nacional que exige una respuesta unificada ”, dijo Ravi Ramanathan , director de la Oficina Estatal de Aplicación Afirmativa de las Leyes sobre Armas de Fuego (SAFE), que tiene la tarea de hacer cumplir la ley de seguridad pública de la industria de armas de Nueva Jersey a través de recursos civiles. “Nuestra coalición seguirá enviando un mensaje claro de que tenemos la intención de detener las prácticas comerciales imprudentes que ponen en peligro al público”.
En la primera acción de la coalición, el fiscal general Platkin y el fiscal general de Minnesota Keith Ellison presentaron demandas en sus respectivos tribunales estatales contra el fabricante de armas Glock, por violaciones de sus respectivas leyes estatales. Las demandas alegan que las pistolas Glock pueden configurarse fácilmente para disparar automáticamente como ametralladoras ilegales mediante la colocación de un componente adicional económico conocido comúnmente como “interruptor Glock”.
Los estados que se unen hoy a la coalición comparten el mismo objetivo de responsabilizar a los miembros de la industria de armas de fuego (incluidos fabricantes, distribuidores y vendedores) cuando sus prácticas comerciales resultan en ventas ilegales, tráfico de armas y otros resultados que ponen vidas en riesgo.
En Nueva Jersey, SAFE ha demandado a tiendas de armas por ventas reiteradas a compradores no verificados , a un operador de feria de armas y a un vendedor de feria de armas por apuntar a la venta de productos de armas fantasma a residentes del estado, y a una tienda de armas por no almacenar adecuadamente sus armas durante la noche como lo exige la ley estatal, lo que resultó en el robo de veinte armas.
Muchas de las oficinas que se unen a la coalición multiestatal han llevado adelante la aplicación de la ley civil en sus jurisdicciones conforme a las respectivas autoridades legales de sus estados:
- En 2024, el fiscal general de Maryland, Anthony G. Brown, y el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian L. Schwalb, demandaron a tres comerciantes de armas con licencia federal por vender ilegalmente docenas de armas de fuego a un comprador fantasma que luego traficaba las armas, principalmente a Washington, DC.
- En 2023, el fiscal general de Connecticut, William Tong, demandó a cuatro comerciantes de armas de fuego de otros estados por vender y publicitar piezas de armas fantasma ilegales e imposibles de rastrear, en violación de la prohibición de Connecticut de 2019. Desde entonces, Connecticut ha llegado a acuerdos civiles y tres de los cuatro comerciantes han recuperado multas por un total de 885.000 dólares. Dos de los comerciantes han cesado sus operaciones y un tercero se ha comprometido a implementar controles estrictos y a presentar informes para garantizar el cumplimiento continuo de la ley de Connecticut.
- En 2023, la fiscal general de Delaware, Kathy Jennings, comenzó a investigar a Cabela’s, Inc. por aproximadamente medio millón de municiones robadas de su local de Christiana. La investigación, que recibió el respaldo de un juez de distrito de Estados Unidos a principios de este año, está examinando si Cabela’s ha violado varias leyes, incluida la ley de molestias públicas de la industria de armas de fuego de Delaware, a través de su enfoque laxo ante este hurto en tiendas.
- En 2022, el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, demandó a un minorista de armas y a su propietario por vender ilegalmente más de 3600 cargadores de gran capacidad. Las partes firmaron un acuerdo de consentimiento en 2024, en el que los acusados acordaron pagar al estado 3 millones de dólares por violar la ley de Washington.
- En 2021, el fiscal general de California, Rob Bonta, se unió al fiscal de distrito de San Francisco para demandar a tres fabricantes y vendedores de kits de armas fantasma . Las partes firmaron una sentencia estipulada en 2024 que prohíbe a los acusados fabricar o vender kits de armas fantasma en California y les exige pagar $675,000 en sanciones civiles.
- En 2020, el Distrito de Columbia presentó una demanda contra Polymer80 , un fabricante y distribuidor de armas fantasma, por vender armas de fuego no serializadas e imposibles de rastrear a los residentes de Washington, DC. En 2022, el Distrito obtuvo una sentencia judicial histórica de 4 millones de dólares contra la empresa, que fue declarada responsable de hacer afirmaciones falsas y engañosas sobre la legalidad de sus productos.
La epidemia de violencia con armas de fuego en el país causa más que una pérdida masiva de vidas. Un informe de la Fundación Joyce publicado a principios de este año sobre las medidas de aplicación de la ley en los estados señaló que la violencia con armas de fuego genera pérdidas económicas anuales de más de 500 mil millones de dólares en los Estados Unidos.
Además de Nueva Jersey y Minnesota, los otros estados que se unen a la coalición son California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregón, Rhode Island y Vermont.