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TRENTON — El Procurador General Matthew J. Platkin y la Oficina de Integridad Pública y Responsabilidad (OPIA) anunciaron que Salvatore Bonaccorso, el alcalde de Clark Township durante mucho tiempo, se declaró culpable hoy en relación con el uso de empleados de Clark para su negocio privado, una empresa de paisajismo y remoción de tanques subterráneos de almacenamiento de petróleo. Como parte de su acuerdo con la OPIA para declararse culpable, Bonaccorso, al momento de su declaración de culpabilidad, presentó una orden de consentimiento por la cual renunciaba inmediatamente a su cargo como alcalde de Clark y aceptaba que se le prohibiría permanentemente ocupar cualquier cargo o empleo público en el futuro.
Bonaccorso, de 64 años, de Clark, Nueva Jersey, que ha sido alcalde del municipio desde 2001, se declaró culpable de una acusación de dos cargos que lo acusaban de conspirar para cometer faltas oficiales (tercer grado) y falsificación (tercer grado). El segundo cargo se deriva de la presentación de solicitudes de permisos falsas y fraudulentas a los municipios, lo que permitió a su empresa de paisajismo obtener permisos de manera indebida e ilegal para retirar cientos de tanques subterráneos.
Bonaccorso presentó su declaración de culpabilidad durante una audiencia celebrada el 10 de enero de 2025 ante la jueza del Tribunal Superior de Nueva Jersey, Lisa Miralles Walsh, que preside el condado de Union.
“La declaración de culpabilidad que hoy obtuvo la OPIA pone fin a una larga y triste traición a la comunidad por parte de alguien que había estado en una posición de poder y confianza durante mucho tiempo”, dijo el Fiscal General Platkin . “Cualquiera que traicione la confianza del público al poner sus propios intereses por delante de su deber como servidor público para los residentes de Nueva Jersey será considerado responsable. Permítanme ser claro: nunca dejaré de erradicar la corrupción en Nueva Jersey, sin importar cuán poderosos puedan ser los infractores”.
“Bonaccorso utilizó a trabajadores financiados por los contribuyentes para obtener beneficios personales. Abusó de su poder sobre el personal, las finanzas y las operaciones municipales, y presentó documentos falsos para mantener el plan en marcha”, dijo Drew Skinner, director ejecutivo de OPIA . “Mi oficina investigará y procesará a cualquiera que abuse ilegalmente de la confianza del público”.
El alcalde y su empresa, Bonaccorso & Son LLC, también acordaron no poder participar en licitaciones para contratos públicos, celebrar contratos públicos ni realizar negocios con el Estado o sus subdivisiones políticas durante cinco años. Además, se les prohíbe durante tres años realizar, o contratar para realizar, cualquier remoción de tanques de almacenamiento para propietarios de propiedades comerciales o residenciales privadas.
Según los términos del acuerdo de culpabilidad, el Estado recomendará que el tribunal condene al acusado a tres años de libertad condicional e imponga una multa de 15.000 dólares, la multa máxima permitida por una condena por un delito de tercer grado.
La OPIA presentó una denuncia contra Bonaccorso el 20 de noviembre de 2023 después de que una investigación de la Oficina de Corrupción descubriera que, mientras actuaba en su carácter oficial de alcalde, Bonaccorso operaba su negocio de extracción de tanques de petróleo desde su oficina municipal utilizando recursos municipales. Almacenaba y mantenía los registros del negocio en la oficina del alcalde, utilizando equipos municipales, incluidas computadoras y máquinas de fax, y dirigía o utilizaba a los empleados del municipio para realizar tareas mientras esos empleados trabajaban para el municipio y recibían su pago, únicamente con el propósito de administrar su negocio.
Durante el curso de la investigación, la OPIA también descubrió que el acusado y su empresa de jardinería y tanques de almacenamiento subterráneos, Bonaccorso & Son, utilizaron fraudulentamente el nombre y el número de licencia de un ingeniero y, en muchos casos, falsificaron la firma del ingeniero en las solicitudes de permiso presentadas a los municipios para la remoción de tanques, sabiendo que el ingeniero no supervisaba ni participaba de ninguna manera en esos proyectos, y sin que se llevaran a cabo las inspecciones de tanques requeridas por ley en los lugares de trabajo. Ni Bonaccorso ni su empresa tienen la licencia necesaria para la remoción de tanques de almacenamiento subterráneos requerida para realizar ese trabajo.
Una revisión de las solicitudes de permisos presentadas por Bonaccorso y su empresa reveló que Bonaccorso declaró falsamente a los municipios que el ingeniero era el supervisor en el lugar del trabajo de remoción, como lo exigen las regulaciones del Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP), para todas las remociones de tanques realizadas por Bonaccorso & Son.
La ley de Nueva Jersey prohíbe que cualquier persona realice trabajos en sistemas de tanques de combustible para calefacción no regulados a menos que la persona esté certificada o trabaje bajo la supervisión inmediata en el lugar de una persona certificada. Las normas del NJDEP establecen que, independientemente de que un tanque se retire o se abandone en el lugar, el trabajo debe ser realizado por un contratista certificado para el cierre de tanques de almacenamiento subterráneos, que trabaje para una empresa certificada para el cierre.
La investigación reveló que Bonaccorso hizo arreglos para que el ingeniero obtuviera una licencia y un seguro para tanques de almacenamiento, y que Bonaccorso pagó directamente para mantener ambos. El valor de los trabajos de remoción asociados con los permisos fraudulentos presentados por Bonaccorso entre 2017 y 2023 ascendió a cientos de miles de dólares.
La petición fue tramitada por el codirector de la Oficina de Corrupción de la OPIA, Jeffrey J. Manis, y el subdirector de la Oficina de Corrupción, Frank L. Valdinoto, bajo la supervisión del director ejecutivo de la OPIA, Skinner. El fiscal general Platkin también agradeció al Departamento del Tesoro de Nueva Jersey, a la División de Impuestos, a la Oficina de Investigación Criminal y al Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey por su ayuda y sus valiosas contribuciones a la investigación.